Negligencia del abogado por usar inteligencia artificial sin verificar jurisprudencia
Analizamos la responsabilidad del abogado que utiliza inteligencia artificial sin comprobar citas jurisprudenciales, con riesgo procesal, disciplinario y civil. La inteligencia artificial ha entrado en los despachos con la misma velocidad con la que algunos profesionales han decidido abdicar de su obligación de pensar. Y cuando eso ocurre, el resultado suele ser grotesco: escritos con citas inventadas, resoluciones inexistentes, normas mal traídas y una confianza ciega en sistemas que no razonan, no contrastan y, desde luego, no asumen responsabilidad alguna. El problema jurídico no es que la inteligencia artificial pueda equivocarse. Eso ya se sabe. El verdadero problema es que el abogado no puede permitirse el lujo de equivocarse de esa manera cuando actúa ante un tribunal, y mucho menos escudarse en que el error proviene de una herramienta tecnológica. Si firma el escrito, responde por su contenido. Así de simple. Y así de inexorable. Un caso reciente lo ha dejado meridianamente claro: un abogado fue sancionado por citar en un recurso de apelación hasta 48 sentencias falsas del Tribunal Supremo y un informe inexistente del Consejo General del Poder Judicial, todos ellos supuestamente sugeridos por inteligencia artificial. El órgano judicial entendió que esa conducta suponía una actuación contraria al deber de veracidad y a las reglas de la buena fe, con abuso del servicio público de la Justicia. Traducido al lenguaje real: no era un error inocente, sino una actuación procesal inadmisible. La inteligencia artificial no sustituye el criterio profesional del abogado A estas alturas, debería resultar innecesario recordarlo, pero visto el panorama conviene insistir: la inteligencia artificial es una herramienta asistencial, no decisoria. No sustituye el juicio jurídico, no valida la estrategia procesal y no exonera al profesional de comprobar la exactitud de lo que presenta ante el juzgado. El abogado tiene el deber de verificar personalmente las fuentes normativas, doctrinales y jurisprudenciales que invoca. Ese deber no desaparece porque un sistema genere un texto con apariencia pulcra y tono solemne. De hecho, precisamente porque esa apariencia puede resultar convincente, la exigencia de revisión es todavía mayor. Confiar en que una IA generalista haga por sí sola una búsqueda jurisprudencial rigurosa y luego incorporar sus resultados a un recurso sin verificación directa no es modernidad. Es negligencia. O, en el mejor de los casos, una forma sofisticada de imprudencia profesional. El caso de las 48 sentencias falsas: cuando el problema deja de ser tecnológico y pasa a ser deontológico En el supuesto descrito, el tribunal reprocha al letrado no haber sometido a revisión ni verificación alguna las citas incorporadas en el recurso. No contrastó números de sentencia, fechas, identificadores ni autenticidad de las referencias. Ni siquiera comprobó una sola de ellas en una base oficial y gratuita como CENDOJ. Es decir, falló en lo más elemental. Ese dato es demoledor. No estamos ante una cita doctrinal discutible, una referencia incompleta o una interpretación arriesgada. Estamos ante una utilización acrítica de contenido ficticio en un escrito procesal. Y eso conecta directamente con varios deberes profesionales básicos: Lo relevante del caso no es solo la multa de 420 euros, sino el criterio del tribunal: la supervisión humana es indeclinable cuando se emplean herramientas de IA en el ejercicio profesional. Exactamente como debía decirse. Porque ya iba siendo hora de que alguien pusiera por escrito lo que en ciertos despachos parece una idea revolucionaria: copiar y pegar basura jurídica sigue siendo mala praxis, aunque la basura salga de una interfaz elegante. Cuándo el uso de IA puede convertirse en negligencia profesional del letrado No toda utilización de inteligencia artificial genera responsabilidad. El problema surge cuando el abogado la emplea sin control y ese uso defectuoso produce un resultado objetivamente contrario al estándar exigible de diligencia profesional. Puede hablarse de negligencia profesional, entre otros supuestos, cuando: 1. Se aportan resoluciones judiciales inexistentes Este es el caso más evidente. Un abogado no puede citar sentencias sin haber comprobado previamente que existen y que dicen lo que él afirma que dicen. Hacerlo implica una quiebra frontal del deber de veracidad y del deber de diligencia. 2. Se invocan normas o textos jurídicos inaplicables Cuando la herramienta mezcla ordenamientos, inventa artículos o traslada normas extranjeras sin contexto, el abogado está obligado a detectarlo. Si no lo hace, la responsabilidad no desaparece por el hecho de que el disparate proceda de una IA. 3. Se presenta un escrito sin revisión técnica real Usar IA para estructurar ideas o generar un borrador puede ser razonable. Presentar ese contenido casi en bruto, sin contraste normativo ni jurisprudencial, ya no lo es. Eso no es automatización eficiente; es abandono de funciones. 4. Se perjudica la defensa del cliente Si la falta de verificación compromete la posición procesal del cliente, deteriora la credibilidad del recurso, provoca inadmisiones, condenas en costas o pérdida de oportunidades procesales, puede abrirse el debate sobre la responsabilidad civil profesional del letrado. La multa judicial no agota el problema: también hay riesgo disciplinario Uno de los aspectos más relevantes del caso es que, además de imponer la sanción económica, el tribunal acordó dar traslado de la resolución al Colegio de Abogados correspondiente para que, en su caso, depure responsabilidades disciplinarias. Y aquí conviene detenerse, porque muchos siguen leyendo estas resoluciones como si la multa fuera el final del asunto, cuando en realidad puede ser solo el principio. La conducta del abogado puede proyectarse sobre el plano deontológico si se aprecia infracción de los deberes básicos que rigen la profesión. La cuestión no es menor. La utilización de citas falsas, aunque provengan de una IA, puede ser valorada como una conducta incompatible con la seriedad y rigor exigibles al ejercicio profesional. Y si además revela ausencia de control, despreocupación por la exactitud del contenido o una forma de litigar que convierte el proceso en un experimento, el reproche disciplinario no solo es posible, sino bastante lógico. La responsabilidad civil del abogado: el siguiente escalón del problema Desde la perspectiva del cliente, la pregunta importante no es si al abogado le han puesto una multa modesta o
