Los abogados nos solemos sentar siempre en estrados, lo raro y extraño es que nos sentemos en el banquillo como acusados de un delito, no porque no se cometan, (que de todo hay en esta botica) sino porque el conocimiento y una sensación entre el público en general de que somos inmunes, evita en muchos casos denuncias.
Llega hoy a las noticias, un caso particular porque el Fiscal solicita una pena de tres años de cárcel así como 12.000 euros de indemnización para un abogado acusado de un delito de estafa y otro de deslealtad profesional al enriquecerse injustamente a costa de unos clientes que solicitaron sus servicios para la gestión de una herencia. Se dice, además, que concurre en el procesado, D.N.C., la agravante de reincidencia al haber sido sentenciado anteriormente por otros delitos similares.
Vamos, que llueve sobre mojado respecto al sujeto.
Como explica el Ministerio Fiscal en su escrito, para realizar dichas actuaciones el letrado elaboró un presupuesto total de 1.694 euros que fue aceptado por dichas personas abonándole, en primer lugar, el 50 por ciento de dicha cantidad y, el resto, al finalizar las gestiones. En concreto, una de las víctimas, en nombre de todos los herederos) ingresó la mitad de ese dinero, 847 euros.
A su vez, días más tarde, “a requerimiento del acusado”, también le ingresó en la cuenta 900 euros “para atender los gastos de notarías y registros”, explica la Fiscalía.El acusado aceptó tanto estas cantidades como las futuras que iba a recibir de estas personas “con ánimo de enriquecerse injustamente de los bienes ajenos, de no cumplir con lo que se comprometía o realizando actuaciones profesionales que eran claramente insuficientes para tal fin y aprovechando su credibilidad empresarial y profesional”.
Durante varios meses, (esto nos suena mucho en nuestro Despacho) el procesado “continuó aparentando ante los perjudicados que realizaba de forma correcta y diligente todas las actuaciones a las que se había comprometido a realizar” y solicitando más dinero.
Finalmente, debido a la conducta del acusado, los perjudicados recibieron en agosto de 2021 un embargo de la Comunidad de La Rioja por la deuda de la Residencia que se suponía el acusado estaba gestionando. Y en abril del 2022 recibieron una citación con Hacienda en relación a una actuación inspectora con respecto al impuesto de sucesiones que debía haber gestionado el acusado.
Aún así, el acusado continuó aparentando profesionalidad y diligencia en sus gestiones e indicó a los perjudicados “que estaba todo presentado y correcto”. Incluso se ofreció a intervenir en el nombre de los tres, bajo presupuesto, que los perjudicados también aceptaron.
Debido a la no actuación del acusado y en concepto de sanciones e intereses que les impuso Hacienda por no efectuar la liquidación de la herencia en plazo, los perjudicados tuvieron que abonar más de 10.300 euros.
Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito de estafa o subsidiariamente de un delito de apropiación indebida y otro de deslealtad profesional. Solicita para el acusado una pena de 3 años de cárcel para el primero de ellos y casi 5.000 euros de multa por el segundo. También pide la pena de 4 años de inhabilitación especial para el ejercicio de la actividad profesional de abogacía.
No es habitual que la Fiscalía se meta en estos asuntos, por su levedad, ya que habitualmente se remiten a la vía civil, pero lo celebramos, ya que, desde luego, aunque no sea condenado, se evitará en un futuro que otros «profesionales» se vean tentados a realizar actuaciones similares.
Estaremos atentos a la resolución del asunto.
